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Sería un error creer que la estupidez del burocratismo se limita a los funcionarios gubernamentales. Es enfermedad contagiosa, y puede florecer en cualquier organización que ejerza autoridad sobre las actividades humanas. Y se desarrolla particularmente en los sindicatos.

La Unión de Plomeros de Gran Bretaña, por ejemplo, lucha colectivamente contra las bicicletas. Ha prohibido estrictamente a sus miembros la concurrencia al trabajo en ese tipo de vehículo. Sir John W. Stephenson, secretario de la Unión de Plomeros, ha explicado la prohibición con la maravillosa lógica del burócrata:

“Nuestra regla se remonta a los primeros tiempos de la bicicleta, cuando los empleadores ponían como condición indispensable que sus asalariados fueran al trabajo en bicicleta. El sindicato consideró injusto que sus miembros más ancianos se vieran obligados a andar en bicicleta. Y otros plomeros no comprendían la necesidad de gastar dinero en la compra de una bicicleta.”

De modo que andar en bicicleta se convirtió en infracción a las normas sindicales, punible con una multa de 20 chelines, que se aplicaba a todo plomero que utilizara ese vehículo para ir al trabajo… sin que importara si el interesado estaba o no de acuerdo. Sin embargo, los ayudantes de los plomeros pueden utilizar bicicletas. Sólo les está prohibido a los oficiales plomeros… lo cual, naturalmente, es fruto de la perfecta lógica burocrática. En este sentido, los Estados Unidos son mucho más tolerantes. En Dakota del Norte, por ejemplo, un maquinista de locomotora que quería llevarse el tren a casa, al final de la jornada, tenía derecho a ello, siempre que consiguiera los indispensables ayudantes. De lo contrario, debía abandonar el tren y pagarse el billete de regreso. Los maestros de escuela de Pennsylvania podían encerar los pisos de la escuela los sábados, para ganar un poco más de dinero… siempre que los ordenanzas regulares no aceptaran esas tareas.

Considérese, en cambio, el triste caso de la señora Muriel George, que quería ser peluquera en Northumberland. Su esposo, el señor Ronald George, era gerente ayudante de la sociedad cooperativa local. La señora abrió una peluquería en un edificio recién construido, y tuvo bastante éxito. Pero entonces intervino la cooperativa y declaró: “Eso no es posible. En nuestra organización hay un departamento de peluquería; usted no puede competir con nosotros mientras su esposo trabaja en la organización”.

Se desarrolló una prolongada batalla, pues los directores de la sociedad ofrecieron al señor George la alternativa de renunciar o de inducir a su esposa a cerrar el negocio. El matrimonio George se negó a aceptar ninguna de las dos posibilidades. En definitiva, se vieron obligados a abandonar su hogar y el negocio, para mudarse a otra parte del país, donde el señor George consiguió empleo en una cooperativa que no tenía departamento de peluquería.